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Comentario Sentencia de Casación sobre incautación de bienes en el delito de tráfico de drogas

Con fecha 10 de marzo de 2015, la Corte Suprema del Perú, en sentencia casatoria, emitió un interesante pronunciamiento acerca del tema de la incautación de bienes -muebles o inmuebles- que hayan sido utilizados por terceros en un acto criminal, sin que los propietarios de los mismos tuvieran conocimiento de estas actividades.

Los hechos que dan lugar a esta causa dicen relación con que dos sujetos hurtaron un vehículo a un tercero, el que usaron para perpetrar el delito de tráfico ilícito de drogas. El dueño del vehículo hizo la correspondiente denuncia, y los autores del Hurto fueron procesados y condenados a seis años de pena privativa de libertad.

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No obstante lo anterior, en el juicio por el delito de Tráfico Ilícito de drogas que se seguía en contra de las mismas personas que hurtaron el vehículo, los Tribunales de primera y segunda  instancia, resolvieron la incautación del vehículo, a pesar que el dueño del mismo se constituyó en el juicio como tercero civil solicitando la devolución de su vehículo y contando además con la sentencia que establecía que dicho vehículo le había sido hurtado. El Tribunal de primera instancia fundamentó su negativa para proceder a la devolución del vehículo en el acuerdo plenario Nº 05-2010/CJ-116, fundamento jurídico Nº 9-B, en el cual se sostiene que se decomisarán los instrumentos que fueron instrumentos del delito. Mientras que el Tribunal de segunda Instancia manifestó que no se acreditó la titularidad del recurrente sobre el bien incautado, y que además se debía tener presente la decisión emitida por el Tribunal Constitucional, en el Expediente Nº 2989-2012-PA/TC, que estableció que no corresponde la devolución del bien en tanto no existan elementos de convicción que objetivamente acrediten la no vinculación absoluta el dueño del vehículo con los hechos investigados del tráfico ilícito de drogas.

Frente a esta situación el dueño del vehículo interpuso un recurso de casación, el que por carecer de sustento adecuado fue declarado inadmisible. No obstante, el Tribunal Supremo, evidenciando la necesidad de realizar un desarrollo de doctrina jurisprudencial, declaró de oficio bien concedido el recurso de casación.

En el fundamento décimo octavo de su sentencia, la sala penal, con la finalidad de restaurar el imperio del derecho declaró que “…el derecho de propiedad sólo puede limitarse bajo supuestos legalmente establecidos, como en efecto lo es la incautación, y posteriormente de ser necesario el decomiso; sin embargo al tratarse de la limitación-permanente o temporal en el mejor de los casos de un derecho constitucional, debe proceder a verificar ciertos supuestos- ¿quién es el propietario del bien?-, ¿el propietario del bien intervino en el ilícito?-, y realizar una análisis para dictar una decisión acorde a la ley y proporcional.

Es así que prima facie, tal como lo establece el Tribunal constitucional sólo resulta legítimo una limitación al derecho de propiedad mediante la incautación, si el bien pertenece a uno de los procesados por el delito materia de la investigación. Con mayor razón, el decomiso al ser una consecuencia accesoria del delito sólo corresponderá aplicarse si el bien- sujeto al posible decomiso- es de propiedad de uno de los responsables penales del ilícito investigado.

Por lo tanto, si el propietario de un bien incautado, demuestra fehacientemente que no tiene vinculación objetiva con el delito investigado, pues se trata de un tercero ajeno al ilícito, podrá solicitar la devolución del bien y deberá concedérsele inmediatamente, o de necesitarse para la investigación del ilícito podrá postergarse su entrega hasta el fin del proceso- motivando la necesidad de su cautela-.  En todo caso la limitación al derecho de propiedad del tercero ajeno al delito, nunca será de manera permanente, eventualmente se dictará temporalmente por razones de investigación del delito, pero siempre con una debida motivación que demuestre la proporcionalidad de la medida.”

Teniendo presente lo anterior, el Tribunal Supremo estimó que el dueño del vehículo había logrado probar que el vehículo era de su propiedad con los correspondientes documentos, y que no tuvo vinculación con el delito de tráfico de drogas dado que contaba con una sentencia que estableció que él había sido víctima del delito de hurto de su vehículo, por el que resultaron condenados los mismos sujetos que usaron su móvil para cometer el delito de tráfico de drogas. En mérito de lo anterior, el Tribunal, revocó la sentencia  de primera instancia, y ordenó la devolución del vehículo a su propietario,  estableciendo como doctrina jurisprudencial que: “Los bienes-muebles o inmuebles- pese a ser efecto, instrumento u objeto del delito, si resultan legales y de propiedad de un tercero ajeno al ilícito cometido, deben ser devueltos de inmediato, salvo que sean necesarios para la investigación, en cuyo caso su devolución se dará al finalizar el proceso”.

La sentencia anterior resulta particularmente interesante, pues establece un criterio claro a los jueces a la hora de decidir en torno a la incautación de un bien en un delito de tráfico ilícito de drogas. Dada la gravedad de este delito nuestro sistema jurídico ha decidido sancionarlo con especial severidad, estableciendo  penas que parten en los ocho años de privación de libertad. Es también tendencia de los jueces y otros operadores del sistema de justicia, el tratar estos casos con especial celo y dureza, dada las nefastas consecuencias que el narcotráfico genera en nuestra sociedad. Sin embargo, lo anterior no puede implicar pasar a llevar los derechos de terceros que tengan un reclamo legítimo que hacer valer ante un Tribunal de Justicia que está conociendo de una causa de narcotráfico. Esta sentencia les recuerda a los jueces que no deben aplicar los Acuerdos Plenarios o extrapolar las decisiones del Tribunal Constitucional ciegamente a los casos de que estén conociendo, sin haber hecho previamente un análisis de si corresponde su aplicación en justicia, dada las particulares condiciones del caso en concreto.

Este fallo también pone de relieve la trascendente relevancia que el derecho de propiedad tiene en el Perú. Derecho que sólo puede ser limitado en extraordinarias circunstancias, que se fundamentan en una “medida de necesidad nacional o como una medida de seguridad general”, debiendo siempre analizarse la proporcionalidad de la medida. De tal suerte, que siempre la limitación al derecho de propiedad debe ser tratada por la justicia como una situación de carácter excepcional, a la que sólo puede darse lugar después de cumplir con un exigente proceso en el que se haya probado su imperiosa necesidad.

Resulta satisfactorio reflexionar acerca de un pronunciamiento en que el máximo Tribunal, de oficio, se preocupa de  enderezar una aplicación errónea de la ley, en un caso sin ninguna trascendencia pública o mediática, pero en el que la Corte Suprema realiza su trascendental misión de hacer justicia.

Revise la sentencia completa en  “El Peruano, Diario Oficial.  Jurisprudencia. Año XXIV / Nº 985. Casación Nº 382-2013 Puno.  Sala Penal Permanente”

Comentada por

Docente Mag. Viviana Gubelin Meza.

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Esta entrada fue publicada el 9 octubre, 2015 por en Comentarios sentencias, Noticias.
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